La Haya, 30 nov 2011(EFE).

El expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo responderá a cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad presuntamente perpetrados en su país tras las elecciones de noviembre de 2010, en el que será el primer juicio a un ex jefe de Estado que llevará a cabo la Corte Penal Internacional (CPI).

   Sin una fecha todavía fijada para su primera comparecencia, Gbagbo se verá confrontado en breve con acusaciones que lo consideran el responsable último de asesinatos, violaciones a mujeres y otras formas de violencia sexual, persecución y actos inhumanos.

   Esos crímenes, presuntamente cometidos en Costa de Marfil entre el 16 de diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011, habrían sido perpetrados por los seguidores de Gbagbo contra civiles partidarios del líder del partido opositor y vencedor de los comicios, Alessane Ouattara.

   La fiscalía basa su acusación en la "responsabilidad de mando" del exmandatario marfileño, quien "mantenía el control sobre los crímenes perpetrados por sus subordinados".

   El fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, fue hoy contundente al declarar que "se ha acabado el tiempo en que estos crímenes quedaban impunes" y advirtió de que los "líderes deben entender que la violencia no es una opción para retener o ganar poder".

   Ocampo también resaltó que el expresidente ha sido "el primer" inculpado, pero adelantó que "quedan más por venir", sean partidarios de Gbagbo o de su opositor, ya que los presuntos crímenes "fueron perpetrados por ambos bandos".

   La organización Human Rights Watch estima que en el período de violencia postelectoral que se desencadenó tras la negativa de Gbagbo a aceptar su derrota electoral frente a Ouattara hubo 3.000 muertos y más de 150 violaciones de mujeres.

   Durante la primera comparecencia, los jueces se asegurarán de que el ex jefe de Estado ha sido informado de los cargos y los ha entendido; y le señalarán los derechos con los que cuenta bajo el Estatuto de Roma -que regula el funcionamiento de la CPI-, entre los que se encuentran poder pedir la libertad condicional mientras no comienza el juicio.

   Gbagbo, de 66 años, llegó esta madrugada a Holanda en un avión fletado por las autoridades marfileñas para ser ingresado en la prisión de la CPI en Scheveningen (cerca de La Haya), la misma que utiliza para sus inculpados el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

   El político africano es el primer ex jefe de Estado en custodia de la CPI, ya que los otros dos altos mandatarios sobre los que esa corte ha emitido órdenes de arresto o no han sido detenidos, como es el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, o han muerto, como ocurrió con el derrocado líder libio Muamar al Gadafi.

   El expresidente marfileño fue entregado por las autoridades del país después de que éstas recibieran una orden de arresto emitida confidencialmente el pasado 23 de noviembre por la CPI, cuyos jueces no levantaron el secreto de sumario hasta que Gbagbo ingresó en las dependencias penitenciarias de La Haya.

   Abierta desde el pasado mes de octubre, la investigación en Costa de Marfil es la primera que la oficina de Ocampo inicia sobre un país que no es miembro del Estatuto de Roma, pero que ha aceptado explícitamente su jurisdicción.

   La fiscalía analizaba la situación de Costa de Marfil de forma preliminar desde 2003, después de que el gobierno emitiera una declaración aceptando la jurisdicción de la CPI.

   Ocampo centró inicialmente sus pesquisas en crímenes presuntamente cometidos entre 2002 y 2005, pero posteriormente las amplió a los episodios de violencia electoral sucedidos desde el 28 de noviembre de 2010.

   Entre 2002 y 2007, Costa de Marfil sufrió una guerra civil que enfrentó al norte musulmán, relegado de derechos, y a la más privilegiada población cristiana del sur del país, entre la que se encuentran los principales seguidores de Gbagbo.

   Creada en 2002, la CPI investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia.

   También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria.

   “El envío de Gbagbo ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) es un acto histórico para Costa de Marfil: es la primera vez que un dirigente de alto nivel es arrestado y procesado. Como Liga Marfileña de Derechos Humanos (LIDHO) siempre hemos luchado contra la impunidad, pero tememos por la estabilidad del país en caso de que el TPI se quiera conformar con esto. Jamás podrá haber una auténtica reconciliación si la justicia sólo es la de los vencedores, o incluso si la población de Costa de Marfil se queda con esa impresión”, dice a MISNA René Hokou Legre, presidente interino de la LIDHO, contactado en Abiyán pocas horas después del traslado del ex presidente Laurent Gbagbo ante el TPI en La Haya.

   “La noticia no nos sorprendió mucho, debido a que en las últimas semanas varias declaraciones permitían entrever este hecho. Pero hoy se ha producido un silencio casi sospechoso sobre el traslado de Gbagbo a La Haya: hasta ahora no ha habido manifestaciones ni entre sus seguidores ni entre los del presidente Alassane Ouattara. Es un silencio cargado de tensión. Invitamos a todos a respetar el momento de recogimiento y de tristeza que viven las personas que permanecieron fieles al ex presidente. Y hay muchas”, agrega el activista de los derechos humanos.

   El acta de acusación emitido por el TPI – que el imputado se habría negado a firmar – declara que se sospecha su “responsabilidad directa como coautor de crímenes de guerra y contra la humanidad, y de violaciones cometidas por sus seguidores bajo su dirección, en modo coherente y planificado”. El fiscal en jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, declaró que “Gbagbo será el primero en deber rendir cuenta de sus acciones, pero no será el último”, precisando que “nadie puede huir de la justicia por crímenes cometidos en amplia escala y por ambas fuerzas opuestas, en perjuicio de la población civil, que pagó un pesado tributo en una de las crisis más violentas que Costa de Marfil haya atravesado jamás”.

   El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre del año pasado dio lugar a meses de duros enfrentamientos entre los seguidores de Gbagbo y de Ouattara, en los que murieron por lo menos 3.000 personas. Moreno Ocampo aseguró que “la investigación está continuando para recoger elementos de prueba con toda imparcialidad e independencia y echar luz sobre ataques sistemáticos, generalizados y premeditados contra grupos de civiles considerados enemigos políticos”.

   El traslado del ex presidente, que mantuvo el poder durante diez años, se produjo pocos días antes de las elecciones legislativas del 11 de diciembre, en medio de un clima preelectoral difícil. “Independientemente del último hecho jurídico, que podría complicar ulteriormente la situación, ya había problemas de fondo no resueltos relacionados con la elección”, dice a MISNA Hokou Legre. Entre estos problemas se destacan la inseguridad persistente, el padrón electoral ya utilizado para las elecciones presidenciales y que excluye a unos 75.000 ciudadanos, y la decisión de boicotear las urnas del partido de Gbagbo. “Probablemente una buena parte de la opinión pública no se sentirá implicada en el proceso electoral, puesto que después el arresto de Gbagbo muchos de los políticos de partidos cercanos a él retiraron sus candidaturas de las legislativas”, informa el presidente de la LIDHO, manifestando temor por “el peligro de nuevas tensiones y por la contestación de unas elecciones que se preanuncian como parciales y poco democráticas” por el hecho de que han quedado en carrera sólo unos pocos candidatos, partidarios de Ouattara".

   Agencia MISNA, 30 de noviembre, 19h26m.

   "La acusación contra el ex presidente llega a dos semanas de las legislativas del 11 de diciembre, una cita con las urnas decisiva para completar las instituciones con un parlamento democráticamente electo. El FPI anunció que boicotearía la votación y denunció la inseguridad generalizada y un proceso “unilateral” para asegurar la victoria de los partidos gobernantes".

   Agencia MISNA, 29 de noviembre, 22h35m.